Lo que pierde el ciudadano cuando una institución pública es saqueada

Cuando se habla de corrupción en instituciones públicas, el debate suele quedar atrapado en cifras millonarias, imputaciones, comisiones, responsabilidades políticas. Sin embargo, ese enfoque tiene un efecto perverso: oculta al verdadero damnificado. En casos como el de SENASA, el perjudicado no es una sigla, ni un ministerio, ni un presupuesto: es el ciudadano, y las pérdidas que sufre no son solo económicas, sino estructurales, acumulativas y, en muchos casos, irreversibles.

La primera pérdida es dinero directo.

Cada peso que se desvía mediante sobreprecios, contratos amañados o facturación ficticia sale de una fuente concreta: los impuestos presentes o la deuda futura.

Hay quien dice que el dinero público no es de nadie. Es mentira. El dinero público no es más que el dinero de quienes contribuyen al presupuesto nacional con su trabajo, su producción y su consumo.

Cuando una institución es vaciada mediante malversación, el ciudadano paga dos veces: una cuando financia el sistema y otra cuando ese sistema deja de cumplir su función. El robo no desaparece: se traslada al contribuyente.

La segunda pérdida es calidad del servicio.

En el ámbito sanitario, la pérdida de calidad del servicio se traduce de forma inmediata en menos recursos reales: menos medicamentos, peores proveedores, interrupciones en la cobertura, listas de espera más largas y criterios de acceso más restrictivos. Cuando el dinero se asigna por conexiones y no por eficiencia, el resultado es siempre el mismo: se paga más por servicios peores. El ciudadano no solo pierde dinero; pierde atención, tiempo y, en ocasiones, salud.

La tercera pérdida es la destrucción de la competencia.

La corrupción expulsa del sistema a las empresas que cumplen las reglas. Ninguna empresa eficiente puede competir con otra que gana contratos por sobornos o favoritismo. El mercado se degrada, se llena de intermediarios innecesarios y proveedores mediocres, y los precios dejan de reflejar costes reales. A medio plazo, esto encarece todo el sistema y reduce la innovación. El ciudadano pierde hoy y seguirá perdiendo mañana.La cuarta pérdida es la equidad.

En un sistema capturado, cumplir las normas deja de ser una virtud y se convierte en una desventaja. El ciudadano que paga sus impuestos, respeta procedimientos y confía en la institución es tratado como un recurso pasivo. El conectado, el intermediario, el que “sabe con quién hablar”, obtiene ventajas. El mensaje implícito es devastador: ser honesto no compensa.

La quinta pérdida es la desconfianza en el Estado.

Cuando una institución diseñada para proteger recursos públicos se convierte en un mecanismo de extracción criminal, el ciudadano ajusta su comportamiento. Disminuye el cumplimiento voluntario, aumenta la evasión, se normaliza el cinismo. El Estado se vuelve más caro de gestionar porque necesita más controles, más coerción y más burocracia para compensar la falta de legitimidad. Lo que empezó como corrupción termina como ineficiencia sistémica, cuyo resultado es el empobrecimiento silencioso del capital humano. La institución no solo pierde dinero: pierde talento, que es mucho más difícil de recuperar.

Por último, la sexta pérdida implica perder algo que no figura en ningún presupuesto: dignidad cívica. Vivir en un sistema donde el robo se disfraza de trámite administrativo genera resignación o rabia, pero nunca compromiso. Se erosiona la idea de bien común y se consolida una lógica depredadora: “si puedo, saco lo mío”. Ese daño cultural es el más persistente y el que más tiempo tarda en revertirse.

En resumen, un caso como SENASA no es un episodio aislado ni un problema técnico. Es un mecanismo de transferencia de riqueza, calidad de vida y confianza desde el ciudadano hacia redes organizadas de extracción criminal. No solo vacía una caja: vacía la relación entre el ciudadano y el Estado. Y cuando esa relación se rompe, lo que queda es un sistema más caro, injusto y frágil para todos.

Las preguntas en este momento son:

1) ¿Por qué el presidente Abinader eligió Hazim para un puesto de semejante responsabilidad?

2) ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Abinader para ayudar a la Justicia a cumplir con su función?

3) ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Abinader para impedir que ocurra de nuevo lo mismo en el seno de su administración?

4) ¿Qué impacto tendrá este caso en la confianza del votante dominicano de cara a las próximas elecciones presidenciales?